El Platanero RD

Los casos confirmados por coronavirus en República Dominicana han aumentado a 6,135, mientras que los fallecidos a 278, con cinco decesos nuevos y 209 positivos.

Así lo informó este domingo el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, durante la rueda de prensa para informar sobre los datos de las últimas 24 horas.

De los positivos, 144 permanecen en cuidados intensivos en diferentes centros, mientras que un total de 910 personas se han recuperado en clínicas y hospitales.

La tasa de letalidad es de 4.73, según el funcionario.

Luego de cuatro horas y 40 minutos entre lectura de informes y discursos de ataques políticos por el manejo de la pandemia de COVID-19 entre el oficialismo y oposición, el Senado de la República aprobó la tarde de este domingo una segunda prórroga del estado de emergencia por 25 días más que iniciarían el primero de mayo.

La resolución fue aprobada con 23 de 25 senadores presentes en la sesión, realizada en el salón de la Asamblea Nacional.

El senador de El Seibo y vocero de los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Santiago Zorrilla, planteó que el estado de emergencia fuera aprobado por 17 días, lo que fue rechazado.

La senadora Sonia Mateo preguntó "¿Cuál es el problema que ustedes tienen perremeístas?" al indicar que 25 días no son suficientes para controlar la pandemia y advirtió que cuando queden dos o tres senadores tendrán que reformar la Constitución.

El presidente Danilo Medina tiene como plazo hasta este sábado 25 de abril para solicitar una nueva extensión del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 que vence este 30 de abril.

El artículo 28 de la Ley 21-18 sobre regulación de los Estados de Excepción establece que, “en caso de que persistan las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, el Poder Ejecutivo podrá solicitar al Congreso Nacional, cuantas veces sea necesario, la prórroga del estado de excepción, con cinco días de antelación a la finalización del período originalmente establecido”.

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, señaló el pasado lunes que aún no están dadas las condiciones para levantar el toque de queda ni las restricciones que se han tomado en el estado de emergencia por el coronavirus.

El presidente Danilo Medina declaró estado de emergencia por 25 días en todo el territorio nacional, en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la Resolución número 62-20 del 19 de marzo de 2020.

Luego solicitó una prórroga por otros 25 días el dos de abril, que fue aprobada en el Senado el 6 de abril, pero fue aceptada por 17 días hasta el 30 de abril en la Cámara de Diputados el jueves 9, y fue aprobada de esa manera finalmente en el Senado el Sábado Santo, el 11 de abril.

La Ley 21-18 también indica que la prórroga concedida no podrá exceder del tiempo ya autorizado para cada estado de excepción de que se trate.

Además, que la solicitud de prórroga contendrá las justificaciones necesarias que expliquen la necesidad de extender la duración del estado de excepción correspondiente.

En su artículo 30 se establece que una vez finalizado el estado de excepción el presidente de la República, en el plazo de diez días, rendirá un informe final al Congreso Nacional sobre todos los acontecimientos y decisiones tomadas durante el estado de excepción, y que este informe será colocado en el orden del día próximo sin más trámites.

“Tan pronto como haya finalizado el periodo de duración autorizado o inmediatamente hayan cesado las causas que dieron lugar al estado de excepción, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de hasta dos días para declarar su levantamiento”, señala la Ley 21-18. La declaratoria de cese del estado de excepción se hará mediante decreto del Poder Ejecutivo.

En los últimos cinco días han muerto 13 personas a causa de la ingesta de bebidas alcohólicas de fabricación clandestina conocidas como clerén, “Tapa Floja”, petrinche o triculí, las cuales son sustancias que preparan de manera artesanal y se venden a bajos precios en los barrios, sin ningún control sanitario.

Los últimos ocho fallecimientos por el consumo de esas sustancias ocurrieron entre el jueves y el viernes santo, en los barrios Los Girasoles y Pantoja, en la parte oeste de Santo Domingo. Allí fueron confirmadas las muertes de Francisco Montero, Manuel Montero, Pedro Martínez, Fani Díaz Minyetti, Juan Carlos Camacho, Juan Miguel Camacho, Fermín Darío Soto y José Leonardo Saldívar.

Sin embargo, dos días antes de esos fallecimientos, en el barrio Brisa del Este, en Santo Domingo Est, habían ocurrido casos similares cuando cinco personas murieron tras el consumo de clerén. Los fallecidos fueron identificados como Luis Richardson, Félix Beltré, Odalis Villegas, Fermín Sánchez y Ambiorix Sánchez. Estos dos últimos eran padre e hijo, según información del hospital donde fueron llevados.

Aunque el personal del hospital Francisco Moscoso Puello informó que los fallecimientos de Brisa del Este fueron provocados por el consumo de clerén, todavía no se ha dado un informe sanitario sobre los casos de Los Girasoles y Pantoja. Los familiares de las víctimas dicen que presentaron malestares un día después de estar ingiriendo la bebida artesanal conocida como “Tapa floja” que compraron en un colmado por 100 pesos.

El interno que falleció la noche de este viernes en la Penitenciaría Nacional de La Victoria dio negativo a la prueba rápida de coronavirus, según informó hoy, sábado, la vocera de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejada.

El recluso respondía al nombre de Luis Manuel Espinosa, quien cayó inconsciente al piso del pabellón donde guardaba prisión, según videos enviados a Diario Libre, en el que se veía cuando era auxiliado por sus compañeros de celda.

Según las autoridades, Espinosa padecía diabetes mellitus e hipertensión arterial.

La detección del virus en el penal ha degenerado un malestar entre los internos, quienes el pasado jueves se amotinaron, para exigir a las autoridades mayores controles.

El primer caso de COVID-19 en la cárcel de La Victoria, la de mayor hacinamiento en el país, se registró en Alaska, un exclusivo pabellón, donde están los privados de libertad con mejor poder adquisitivo, como empresarios, capos y extranjeros, según informaciones del lugar.

Una “suite” en Alaska puede costar hasta RD$300 mil, y quien lo pague puede acceder a unos lujos que van desde gimnasio hasta masajes corporales, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitido en 2016.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ordenado a las fuerzas de la ley 'disparar a matar' a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia de Covid-19.

'No dudo. Mis órdenes son para la policía y el ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar', aseveró anoche el mandatario en un discurso televisado.

'Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba', amenazó Duterte el mismo día en el que una veintena de personas de la barriada de San Roque, en Manila, protestaron sin permiso ante la policía para exigir ayuda oficial para salir adelante.

El cierre de gran parte del país, incluido Manila, y las estrictas normas de cuarentena y confinamiento han impedido que millones de personas que subsisten día a día en los barrios más pobres de la capital encuentren cómo ganarse la vida.

Duterte acusó a grupos civiles de izquierda de instigar la protesta: 'Izquierdistas, ustedes no son el gobierno. No anden por ahí causando problemas y disturbios porque ordenaré su detención hasta que finalice el brote'.

El presidente obtuvo la semana pasada 'poderes especiales' del Congreso para lidiar con la pandemia en una ley que incluye la provisión de 200.000 millones de pesos (4.000 millones de dólares) para repartir entre 18 millones de hogares desfavorecidos del país, donde el 16 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

Sin embargo, la ayuda está bloqueada porque el gobierno todavía elabora 'una base de datos consolidada' de los beneficiarios.

'Solo espere la entrega incluso si se retrasa, llegará y no pasará hambre. No morirá de hambre', señaló Duterte.

Defensores de derechos humanos y grupos civiles han denunciado este jueves las palabras del presidente, que se regaron rápidamente por las redes sociales, donde la etiqueta #OustDuterte (expulsar a Duterte) es tendencia desde anoche.

'Estamos seriamente alarmados de que las palabras del presidente, que se traducirán en formas peores y más brutales de violaciones de los derechos humanos, represión y violencia estatal en los próximos días', lamentó la organización de derechos humanos Karapatan.

El grupo estudiantil CEGP indicó que 'no se puede esperar que la gente permanezca en silencio si sus estómagos se revuelven' y advirtió al gobierno que 'no deben aferrarse a planes fascistas y militaristas contra una nación azotada por el hambre y en enojo contra un régimen incompetente'.