El Platanero RD

“Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país”.
-Thomas Macaulay-

El escalofriante asalto de un vehículo blindado de una compañía de valores en donde robaron aproximadamente cinco millones de pesos pertenecientes al Banco Popular Dominicano, no solo constituyó un desafío, sino también un alerta a los tomadores de decisiones ante la epidemia de inseguridad ciudadana que abate la nación. Llamó más la atención porque se produjo dentro de una plaza comercial ubicada en una de las zonas más transitadas del país, utilizando armas de guerra y bombas lacrimógenas en medio de la operación “Navidad Segura 2016” que involucra a más de 17 mil soldados policiales y militares, de Amet y de las brigadas policíaco militar del ministerio de Obras Públicas.

La realidad es que no bastaron los continuos anuncios de altos funcionarios de que incorporarían más militares al patrullaje, y de que a partir del 1ro de diciembre la Dirección del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, sería asumida por el Comandante General de la Fuerza Aérea Dominicana.

Y es que de conformidad con esta lógica, con relación a la situación de inseguridad ciudadana que aterroriza al país nos preguntamos: ¿A quién es que habrá que pedirle cuentas?¿Al Director General de la Policía Nacional o al Comandante General de la FAD? ¡Qué confusión de roles! En ese mismo orden, recientemente se anunció -otra vez- que las políticas en este tema estaban dando resultados positivos, ya que la “criminalidad” se había reducido de una tasa de homicidios de 26 a menos de 16 por cada cien mil habitantes, atribuyendo a la “percepción” el temor de los ciudadanos.

¡Grave error! Puesto que hemos analizado muchas veces que están malenfocando y confundiendo la “tasa de homicidios” con el “índice de criminalidad”, pues son dos cosas distintas, más bien, una es componente de la otra.

Si fuera como piensan -erróneamente- las autoridades, en el supuesto caso de llegar a tener una tasa cero de homicidios, ¿esto significaría que existiría una alta seguridad ciudadana en el país? Por supuesto que no, pues los asaltos, atracos, robos, secuestros, etc, están por doquier y a cualquier hora del día.

¿Acaso el asalto del mencionado banco, por el “simple” hecho de que no ha habido muertos y tan solo heridos implica que no hay “criminalidad”? En el caso en cuestión, la tasa de homicidios no subió por no haber pérdidas de vidas humanas, pero sí se incrementó la tasa de criminalidad.

¿Acaso esa reducción en la tasa de homicidios se debe más bien a la indecisión de algunas autoridades para enfrentar la espiral ascendente de criminalidad para evitar que delincuentes caigan abatidos? Reiteramos otra vez a las distinguidas autoridades que la Tasa de Criminalidad es la sumatoria de todas las infracciones penales que se cometen dentro de un territorio y tiempo determinado dividido por cada cien mil habitantes.

Tasa de Criminalidad = tasa de homicidios + tasa de robos + tasa de atracos + tasa de asaltos+ tasa de robos de vehículos + tasa de secuestros + tasa de heridos de armas de fuego y arma blanca.

De manera que, enfocarse en bajar solo la tasa de homicidios para “aparentar” ser exitosos en sus estrategias de seguridad es de un optimismo falso y peligroso, pues eso es como maquillar a un paciente amarillento que sufre de hepatitis para presentarlo saludable, mientras que por dentro realmente no se combate su afección que terminará en una cirrosis hepática crónica mortal.

Bajo este amplio contexto, las autoridades lucen confusas “copiando” diferentes modelos policiales e implementando medidas rápidas a ciegas y de formas reactivas, cuando en realidad, sin duda, es necesario elaborar puntos de análisis de este complicado fenómeno que no se “cura” con soluciones cortoplacistas ni simples para nutrir los medios de comunicación, sino de procesos planificados de etapas progresivas que observen los distintos ángulos del problema y asumiendo con responsabilidad las enérgicas decisiones que hay que tomar ante un paciente grave de cuidados intensivos.

Es sabido que el control del crimen y de la violencia constituye una obligación fundamental e irrenunciable del Estado, y que se erige como esencial elemento para restaurar las necesarias bases de una legitimidad que se ha perdido en la actualidad. De manera que, retomar la visión ideológica-doctrinaria del tema sería el punto de partida para evitar el colapso de la imagen de las políticas de seguridad pública y de la propia imagen institucional.

Es evidente, que la inseguridad ciudadana atenta contra las condiciones más elementales que permiten la pacífica convivencia social dentro de un régimen democrático y social de derecho y/o menoscaba los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y que todo funcionario ha jurado hacer cumplir, por tanto, el ejercicio de garantizar la seguridad de los ciudadanos se instituye como una poderosa razón de ser del Estado.

Vemos también con preocupación cómo la legitimidad del accionar del Estado se ha ido desdibujando a través de los años ante la falta de competencia para producir seguridad, ante la ineficiencia en sus políticas preventivas –no así las investigativas-, ante conductas antisociales de algunos de sus miembros envueltos en actos de corrupción, así como de manifestaciones de indisciplina que hacen tambalear los cimientos de cohesión institucional, lo que aumenta, en su conjunto, la sensación y percepción de inseguridad ciudadana aparte de los índices de criminalidad tradicionales.

De igual manera, los vínculos frecuentes de algunos miembros de la PN, FFAA, fiscales y jueces con la delincuencia organizada, el incremento de la impunidad en la justicia por los “atajos legales” que permiten que los delincuentes burlen olímpicamente el sistema de justicia penal, y la existencia de una disociación entre quienes dictan el derecho –legisladores- y aquellos quienes sancionan el derecho -jueces-, hace aumentar la brecha entre la realidad delictiva y la percepción delictual, puesto que es incuestionable que los ciudadanos no se sienten protegidos por las instituciones del Estado en su seguridad personal ni patrimonial.

Más bien tienen la creencia de que la desafiante criminalidad ha sobrepasado a las instituciones encargadas de combatirlas, y que esa delincuencia está fuera de control, cuestionando a su vez, la eficacia de la PN, FFAA y las instancias de procuración e implementación de justicia.

En fin, las políticas y estrategias públicas de seguridad, para que puedan ser exitosas y den la esperada sensación de seguridad a la población, deberán ser enfocadas desde una perspectiva integral y de amplio espectro en coordinación con las demás instituciones del Estado junto a sus comunidades. La firme decisión del presidente Danilo Medina de devolver sosiego y paz a la sociedad quedó evidenciada con la intervención policial del pasado miércoles 28, en donde se dio un golpe contundente a la banda que supuestamente perpetró el referido atraco, y en donde cayó abatido uno de los supuestos integrantes de la misma.

La correlación de tiempo entre la disposición presidencial y la respuesta policial demuestra la importancia de la coordinación efectiva e integral entre las diferentes instituciones responsables de la seguridad ciudadana, y la necesidad de seguir apoyando y creando espacios y mecanismos que optimicen la capacidad de respuesta de las mismas.

¿Represión o prevención?
En anteriores ensayos hemos planteado que las dos medidas son necesarias por ser complementarias, ya que cuando falla la prevención entonces hay que aplicar las medidas punitivas que sean necesarias de acuerdo con las circunstancias.

En este aspecto, hay que crear las condiciones de seguridad ciudadana y al mismo tiempo respetar los derechos fundamentales. Una tarea muy compleja y delicada, pues la línea que divide el cumplir por entero las tareas de brindar seguridad y sobrepasar el exceso de autoridad es una franja invisible y muy delgada. Especialmente cuando los llamados “protectores de los derechos humanos” están siempre más atentos a caer sobre las autoridades por cualquier caso de actuación contra la delincuencia, que la de protección de los “humanos derechos” de quienes son víctimas de los delincuentes.

Estas condiciones pueden ser generadas haciendo la confluencia entre el modelo de seguridad y el marco de las garantías constitucionales, puesto que este escenario justifica la actuación policial apegada estrictamente a la preservación de esas garantías de manera transversal –teoría del garantismo- enfatizando que el poder represivo o punitivo de Estado se ejerza de manera racional y administrado normativamente bajo dos principios esenciales: la Intervención Mínima y la Intervención Legalizada del monopolio de la fuerza punitiva del Estado.

Se trata, por tanto, de establecer las fronteras de la intervención punitiva o represiva de las autoridades encargadas al tipificar todas aquellas conductas contempladas como delictivas, así como también la utilización y cumplimiento de las sanciones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, bajo el imperio de la ley, con el objetivo de evitar los excesos de la autoridad actuante.

Ante el actual panorama, son varios los elementos a tomar en cuenta para analizar, si es que las autoridades desean colocar un freno a la escalada de la ola de criminalidad que padecemos, poniendo más énfasis, no solo en las acciones reactivas y disuasivas, sino más bien, en las acciones proactivas o preventivas que sean vinculantes con la misma sociedad a la que sirve y protege, atacando los niveles de corrupción que se profundizaron en recientes pasadas administraciones en la Policía Nacional y poniendo atención, para tomar acción, a las saludables rendiciones de cuentas.

En conclusión, recomendamos la aplicación de un modelo de gestión policial integral bajo un nuevo liderazgo, que aplique de forma positiva el pensamiento de Thomas Macaulay, abogando para que se designen en los altos mandos de la seguridad sensitiva a personas que no se preocupen por la seguridad de sus puestos, sino por la seguridad del país.

wj/am