Por: Pedro Antonio Mateo Ibert.
El Derecho Penal se relaciona con muchas otras ramas del Derecho. Una de esas ramas con las que tiene una correspondencia biunívoca es l Derecho Constitucional.
Esta relación se produce, ipso facto, porque todos las actuaciones en materia penal tienen que estar ajustadas a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico interno, así como también a los tratados y acuerdos internacionales que hayan sido aprobados y ratificados por el Estado Dominicano en materia de Derechos Humanos, y que forman parte del Bloque de Constitucionalidad, teniendo los últimos el mismo rango que la Constitución.
Esas garantías que unen el Derecho Penal al Derecho Constitucional son entre otras, el cumplimiento del debido proceso, lo que a su vez incluye el acceso a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a un juicio justo por un juez imparcial y el juzgamiento con leyes aprobadas y puestas en práctica previo a la comisión del hecho, y un derecho tan fundamental como los antes citados: el derecho a ser considerado como inocente hasta haya intervenido una sentencia firme (con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada).
También puede citarse como una garantía del debido proceso, la obtención de la prueba de forma lícita, pues obtenida con métodos ilegales, como la tortura por ejemplo, no solo viola nuestra Constitución, sino que vulnera el respeto a la dignidad humana del imputado y normas del Bloque de Constitucionalidad.
Ahora bien, la justicia, o la Jurisdicción como le llamaría Luigi Ferrajoli al referirse al Poder Judicial, para respetar esas garantías no puede jamás buscar el Consenso de las mayorías.
El consenso solo tiene validez desde el punto de político, cuando se trata de decisiones de la misma índole, aplicando de esta forma el llamado “Populismo Político”, el cual muchas veces resulta dañino.
En cambio la justicia (o la jurisdicción) no puede actuar nunca en base al consenso de las mayorías, por una razón fundamental: No siembre las mayorías tienen la razón y si la razón está ausente, también está ausente la verdad, y una de las razones de ser la justicia es la búsqueda de la verdad en base a la razón.
Es bueno señalar entonces que si el “populismo político” en busca del consenso, la mayoría de las veces se constituye en una amenaza para la Democracia Representativa, imagínese que sería del “populismo judicial”, el cual siempre resulta muy grave para la búsqueda de la verdad en base a la razón y respetando las garantías del debido proceso.
Si graves es el populismo judicial, no podemos imaginarnos cuán grave es el “populismo penal”. Esto último porque compromete la imparcialidad del juez y produce la desconfianza y el miedo de los ciudadanos que parte de un proceso cual se trate en materia penal.
Es por ello que el jurista Luigi Ferrajoli establece que la legitimidad de la justicia se basa en la verdad procesal y en la garantía de los derechos y no puede depender del consenso, sino, de la confianza que los ciudadanos tengan en la justicia, confianza que se produce de la relación entre libertad y seguridad.
Todo lo anterior fue expresado por Monstesquieu cuando dijo en su obra Del Espíritu de las Leyes lo siguiente: “La libertad política consiste en la seguridad, o al menos en la opinión que se tiene de la propia seguridad. Dicha seguridad no se ve nunca tan atacada como en las acusaciones públicas o privas, de modo que, cuando la inocencia de los ciudadanos no está asegurada, tampoco lo está la libertad.
Hasta una próxima entrega, si Dios lo permite.
*El autor es Abogado y Periodista, con Especialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y Maestría en Derecho Constitucional. Actualmente se desempeña como Procurador General Titular de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana.
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