Por Fausto Rosario (acento.com)
La sentencia 168-13 comprometió seriamente a la República Dominicana frente a la comunidad internacional, porque hay valores y principios de derechos humanos que son invulnerables y que resultan de altísima sensibilidad cuando se trata de despojar de su dignidad a miles de personas.
El problema que tiene el país hoy está vinculado con su propia sobrevivencia. Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni las Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos, ni el CARICOM, ni Petrocaribe aceptarán que la República Dominicana despoje de la nacionalidad a 240 mil personas, de acuerdo al cálculo más representativo que se ha hecho.
Obispos y cardenales, primeros ministros, presidentes, organizaciones de derechos humanos y personalidades intelectuales, incluyendo varios premios Nóbel, como Adolfo Pérez Esquivel y Mario Vargas Llosa, han criticado la sentencia y han cuestionado a las autoridades dominicanas por acoger una decisión a todas luces contraria a la defensa de los derechos humanos y a los derechos adquiridos por los hijos de haitianos.
Las declaraciones recientes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la relación de Venezuela con Haití y cómo asumen ellos la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano –como una agresión- deben poner a pensar sobre los peligros a los que nos acercamos con Petrocaribe, como suplidor de petróleo a precios y créditos blandos, o con Trinidad y Tobago, que es nuestro suplidor de gas natural y combustibles, y que tiene una primera ministra que es ahora la presidenta del CARICOM.
Danilo Medina y su equipo de gobierno acudieron a Venezuela este mes, y retomaron el diálogo con Haití, pero está claro que deben acelerar los compromisos que hicieron, pues de lo contrario estaremos atrapados en una telaraña de intereses que podría asfixiarnos.
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