La ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas es bastante severa .Sin embargo, es letra muerta cuando los traficantes de ilegales haitianos actúan con una impunidad que espanta, pues los jefes que patrocinan la inmigración, siguen con su práctica de manera impenitente, sin ser alcanzados por el brazo de la justicia, dado el entramado de complicidades que existe en la frontera.
En reiteradas ocasiones, se ha denunciado que algunos militares destacados en la línea limítrofe, son los responsables de la gran afluencia de ilegales que penetra a nuestro territorio a contrapelo de su verdadera misión de salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad pública.Y al tratarse de un negocio lucrativo, los autores de la criminal infracción, se burlan de quienes realmente están velando por los intereses de la nación.
El artículo 7 de la ley en cuestión cuando toca las circunstancias agravantes, en la letra B, expresa “cuando uno o varios autores de la infracción son funcionarios públicos electos o no, de la administración central, descentralizada, autónoma o miembros de la Policía o el Ejército. Tales casos se sancionan con la pena máxima de 20 años de reclusión. Los tribunales fronterizos y los miembros del Ministerio Público, pueden realizar sus funciones por mandato de ley y comenzar a sentar precedentes ejemplarizantes.
En torno al espinoso tema haitiano, el apóstol José Martí, lo enfocó así: “Con Haití no hay posibilidad de entendimiento; todas las verdades de las ciencias políticas y económicas se estrellan contra esa realidad brutal. Es una cultura de miseria, depredación y pobreza que se los tragara irremediablemente a menos que opongan una seria resistencia. Cierren la frontera o restrínjanla al máximo.”
Que se invierta todo lo que se quiera, internamente, en Haití, pero no liguen los pueblos porque nada bueno saldrá.Haití no es una nación, es una masa de gente, y con intenciones muy siniestras hacia los dominicanos.”
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