SANTO DOMINGO.- El velo del silencio al cual me referí en un reportaje anterior y del cual ha sido permanente rebelde el periódico El Nacional, ha caído.
La mordaza autoimpuesta a ciudadanos y prensa sobre la denuncia de la invasión de la inmigración haitiana, que hiciera el pastor Ezequiel Molina el 1 de enero de 2016 en el Centro Olímpico y que él mismo se impusiera, llevándonos a que la identificación de “haitiano” fuera sustituida de nuestro léxico por la de “extranjero”, ha dado paso al grito colectivo. ¡Estamos llenos de haitianos indocumentados y no hacemos nada para impedirlo! ¿Qué pasa en este país?
El pasado sábado 8 de julio nos recibe con grandes titulares de los principales diarios del país, cuestionando directamente al gobierno de la Nación y en específico al presidente de la República, Danilo Medina, quien recurre a escudarse en el silencio, cuando sus deberes constitucionales en defensa del pueblo dominicano y su soberanía, están siendo abiertamente incumplidos desde los despachos del Palacio Nacional hasta el último de los reductos dependientes del Poder Ejecutivo, pasando por los despachos de los ministros.
Esta es una significativa señal de que las fuerzas vitales de la Nación han despertado a su obligación de defenderla.
Es oportuna y loable la denuncia de la corrupción generalizada en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que se iniciaron con los tres mandatos de Leonel Fernández y han culminado con los dos de Danilo Medina, con el intercalado de Hipólito Mejía, igualmente corrupto, porque conlleva asimismo denuncia de la impunidad de su práctica, solo posible porque la justicia dominicana, al igual que las fuerzas del orden de la nación y todos sus organismos e instituciones, han sido carcomidos con una corrupción que Temístocles Montas -hoy recluido en prisión preventiva- y mucho antes de que estallara el escándalo internacional ligado a la empresa Odebrecht y su contratación en estos mandatos presidenciales, denunció ‘haber hecho metástasis en el PLD’.
Lo único criticable de ésta manifestación de responsabilidad ciudadana, es haber errado en la categorización de los problemas, porque en un país que ha cedido su soberanía a un designio de voluntad foránea como producto de una política de Estado de turno, la corrupción económica es subalterna e inherente a la corrupción política e ideológica, de la cual son reos por igual los mandatarios del PLD y el PRD respecto de los principios que normaron sus respectivas organizaciones partidarias, que hoy traicionan el compromiso con la democracia, tanto hacia fuera como hacia dentro, y la independencia misma de un pueblo al cual se le pide que aprenda ‘creole’ para comunicarse con el invasor.
Esta corrupción ideológica afecta también a los partidos y movimientos considerados como la oposición del gobierno, que han apoyado la rebeldía verde, mientras guardan conveniente silencio respecto de la fusión de facto que se lleva a cabo, dando paso y haciéndose cómplices de la conjura económica del llamado Hub del Caribe, culminación del proyecto empresarial del “mercado unificado de 21 millones de consumidores” propuesto en el “Informe Attali” encargado y pagado por Leonel Fernández como fase final de la fusión del país con Haití, el cual tiene como sede promocional la propia Cancillería dominicana.
Es alentador los reportajes de primera plana de los principales diarios en denuncia del problema haitiano, que constituyen un abierto emplazamiento al silencio del Presidente imposible de soslayar, para que explique a la nación las responsabilidades de su gobierno, que en ella participan legisladores del PLD, que deben llevar su protesta al seno del Congreso, presidido por altos dirigentes de su Comisión Política, que ha guardado culpable silencio de los agravios a la nación producto de la inconducta y el desacato de sus responsabilidades.
¿Cómo explicar que el canciller Miguel Vargas se muestre incapaz de dar respuesta a la reiterada afrenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, con una denuncia de supuesta violación de los derechos humanos de la ilegal y deliberadamente indocumentada inmigración haitiana, que constituye en sí una indebida e inaceptable violación de la carta orgánica de la OEA de parte de un organismo que es de su dependencia, contradiciendo el desagravio que previamente había externado el secretario general, Luis Almagro.
Todo forma parte de la campaña de descrédito de la nación para doblegar su resistencia a su auspiciada fusión de facto con Haití de los organismos internacionales, movidos por la influencia de dos ex presidentes de EE.UU., George H. Walker Bush y William Jefferson Clinton y sus corporaciones mineras, en asalto de la riqueza minera de oro y plata de la isla desde ambos lados de la frontera, la cual llevan a cabo gracias a la corrupción imperante en sus respectivos gobiernos y en perjuicio del bienestar de sus pueblos, que son despojados de la buena administración en su provecho de los recursos.
La Cancillería, al tiempo de enarbolar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el acuerdo domínico-haitiano firmado en Washington y Puerto Príncipe en 1938 y 1939 para preservar nuestras respectivas soberanías, debe combatirla con la fórmula planteada por el editorialista de TeleRadio América, de que convoque a una reunión conjunta a toda la misión diplomática extranjera acreditada en el país, para exigirles que en su condición de testigos presenciales de la realidad dominicana, den testimonio a la prensa internacional así convocada y a sus respectivos gobiernos de ese infundio. Así definiríamos cuáles de esas representaciones son amigas y cuáles enemigas, y entonces proceder a declarar “non gratas” a las últimas. Basta tener la voluntad política.
En lo que concierne a la custodia de la frontera, confiada a las Fuerzas Armadas de la nación, cuya ausencia denuncian las autoridades de las comunidades fronterizas de Pedernales, y Dajabón, e incluso las de Santiago, con el incontrolado ingreso de esa indocumentada inmigración; ¿cómo se justifica tal incumplimiento sin que el presidente de la República, como su jefe supremo, y principal responsable de su desempeño, proceda a la destitución de sus mandos y la total reestructuración de los mismos?
Esto acontece en momentos en que miembros de la custodia fronteriza de las Fuerzas Armadas han caído víctima o han sido desarmados por haitianos sin que el gobierno haya abierto la boca ante los organismos internacionales de derechos humanos.
El desacato de su deber parece ser premiado por el presidente Medina con aumentos de sueldo y entrega de viviendas. ¿Acaso se estimula el incumplimiento de su deber con un propósito político de permitir la fusión de facto, mientras voces de la oposición culpan a las Fuerzas Armadas de la invasión haitiana? Ese es un juego peligroso que pueda ofrecer sorpresas.
El programa de Edificaciones Escolares y la tanda extendida, que incluye lo que constituye un objetivo superior a los recursos de un país del tercer mundo como República Dominicana.
Ese programa ha incluido con toda premeditación, los hijos de la inmigración ilegal haitiana, desplazando de su capacidad a muchos niños dominicanos. El anterior Ministro de Educación, Amarante Baret, responsable del caos que encontró y ha rectificado el ministro Andrés Navarro, dió testimonio durante su gestión de que habían 91,203 alumnos sin registro de nacimiento, de los cuales 36,000 eran hijos de haitianos. Lo mismo ha sucedido con el Programa “Quisqueya Aprende Contigo”, que pretende enseñar español a los haitianos.
Este programa que se dirige desde el Palacio Nacional como parte de los “Programas Especiales de la Presidencia”, está acompañado de otros de similar propósito, como “Quisqueya sin Miseria”; “Atención Integral a la Primera Infancia”; “Quisqueya Empieza Contigo”; y “Quisqueya somos Todos”, que llevan con toda intención la referencia geográfica del país, como expresión e intención de la unificación de la isla con su designación indígena, lema y objetivo histórico y político haitiano. Otro programa a favor de los haitianos que lleva a cabo el gobierno del Presidente Medina está a cargo de los Comedores Económicos del Estado, que en Agosto del 2015 reportó que les proveyó 729,468 raciones diarias desde sus instalaciones en todo el país, a un costo de RD$ 43,541,625 anual.
Tampoco es casualidad que las gestiones empresariales fusionistas, encabezadas por Juan Vicini a nombre de su grupo familiar, que se vio precisado a cambiar el de sus empresas por el de “Inicia”, lo hiciera al amparo de “Quisqueya”.
Con este auspicio político y empresarial no son de extrañar las expresiones de euforia de los haitianos convocados por la Alianza Francesa en la Plaza de España, con el apoyo del ministro de Cultura Pedro Vergés.
Hasta en el deporte hemos perdido la identidad, al tener como figura a Luis Pie, haitiano, cuya nacionalidad irregular fuera gestionada con Roberto Rosario, entonces presidente de la JCE, por Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano.
El atentado contra el pueblo con el auspicio del gobierno tiene otra manifestación en dos áreas concurrentes, la salud y la soberanía.
De igual manera se denuncia la llegada masiva en los ómnibus de Caribe Tours repletos de haitianas parturientas al Hospital de Maternidad de La Altagracia, que viene siendo objeto de reparación hace 3 años, con reducción de su capacidad de camas, obligándose a las parturientas dominicanas a tenderse con ellas en grupos de 5 parturientas por cama, a riesgo de contaminarse al compartir camas.
Este atentado contra la salud del país, está siendo auspiciado por el Ministerio de Salud en todos los hospitales del país.
Las responsabilidades del gobierno de Medina en la haitianización del país pasa por el incumplimiento deliberado de parte del Ministerio del Trabajo del Código Laboral que establece que el 80% de los empleos generados en el país se reserva a los dominicanos, y no más de un 20% a los extranjeros, como los haitianos. Esto se incumple en los propios contratos del Estado.
A través del turismo, completamos la haitianización no sólo de la economía, sino también de la imagen internacional del país y nuestra cultura.
En nuestro anterior trabajo citábamos “la invasión que se da exactamente en el extremo opuesto de la isla, en pleno centro del país turístico, donde los inmigrantes haitianos, se han apoderado de comunidades como “Verón”, y de todas las oportunidades de trabajo en las industrias de la construcción y turística, así como en la promoción y venta de su arte y manualidades a los turistas.”
El presidente Medina confronta este reclamo de cumplimiento de su deber de preservar la nación, en momentos en que se encuentra acosado por la contratación corrupta de la empresa Odebrecht, y bajo el riesgo de que los resultados del proceso electoral reciente, cuestionado en su legitimidad por las irregularidades, sean declarados nulos, a causa de que se violara la Ley Electoral en su prohibición de utilización de recursos foráneos, declarando su mandato como ilegítimo.
El país se encuentra en suspenso, a la espera del resultado de la crisis que amenaza con el desplome del sistema político dominicano.
Apunte
Plan de Regularización
En febrero de este año, el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, reveló que el Gobierno había invertido 2 mil 335 millones de pesos en un proceso al que se acogieron 249 mil extranjeros, el 99% de ellos haitianos. Algunos expertos consideran que apenas el seis mil de los que se acogieron al plan estaban en capacidad de cumplir con los requerimientos.
FUENTE EL NACIONAL
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