SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Movimiento Justicia Fiscal afirmó que en el informe sobre la ejecución presupuestaria del primer trimestre de este año, y en el anuncio de inversión de RD$9 mil millones para dinamizar la economía, el Gobierno cometió “deliberadas omisiones” y “manipulaciones” de datos presupuestarios que “confunden” y “desinforman” a la ciudadanía.

El movimiento se pronunció a través de un comunicado en el que explica que lo ocurrido con la reducción del déficit programado de 0.7% del PIB a 0.1% del PIB (RD$15 mil millones) durante el primer trimestre (enero-marzo) no es un ahorro por buen uso del gasto público, sino el resultado, en buena parte, de retrasos en la ejecución del gasto en obras de infraestructura.

Según la agrupación, en este período se ejecutó menos de la mitad de lo programado para infraestructuras, debido en parte a que no llegaron recursos externos por alrededor de RD$7,024.4 millones que estaban previstos, y con los cuales habrían de iniciar estos trabajos.
Calificó como “una incoherencia” el hecho de que la población conozca los resultados de la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2013 sin antes haber conocido el informe final del presupuesto del 2012.

“Esta falta de recursos fue lo que impidió, concretamente, que se iniciaran durante el primer trimestre del año los trabajos de arreglos de calles (RD$ 3,000 millones), la construcción de 50 centros de atención primaria (RD$ 1,500 millones) y la construcción y reconstrucción de viviendas populares (RD$ 800 millones)”, resalta el documento entregado por Justicia Fiscal a los medios de comunicación durante una rueda de prensa celebrada en el salón de actos del Centro Bonó.

Afirmaron además que los retrasos en la ejecución presupuestaria provocaron efectos negativos en la dinámica económica nacional, agudizando de paso el “fuerte” impacto del paquete tributario aprobado a finales del 2012, donde se incluyeron tributos regresivos y un aumento de los impuestos al consumo, afectando con mayor impacto al 20% más pobre de la población.

“Por lo tanto, antes que una mayor eficiencia, de lo que se trata es de un doble golpe económico sobre la población: por una parte más impuestos y por la otra retrasos en la ejecución del gasto público, con el agravante de que los mayores retrasos se experimentaron en servicios sociales, llegando sólo a ejecutar el 18.9% del total programado para el año”.

El Movimiento también mostró preocupación al observar que en el primer informe de ejecución presupuestaria del gobierno del presidente Danilo Medina el capítulo “Administración de deuda y activos financieros” presenta un gasto adicional por RD$15 mil 239.3 millones, lo que significa un 228% más de lo presupuestado para el trimestre.

En la misma declaración pública, Justicia Fiscal aprovechó para denunciar lo que considera un retroceso tanto en la secuencia como en la calidad de los informes publicados por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), a los cuales atribuyó un pobre rigor profesional:
“El informe centra el debate fiscal en los números abstractos, sin tomar en cuenta los objetivos de desarrollo, violentando incluso la propia Ley Orgánica de Presupuesto en el literal A del artículo 61 que establece análisis de las variaciones entre los objetivos y metas programados con relación a lo ejecutado y determinar sus causas”.

Por otra parte, la organización declaró que desde noviembre del 2012 los ciudadanos no pueden accesar a las informaciones sobre gasto, financiamiento, proyectos de inversión y estado de ingresos que las autoridades solían publicar en el sitio web Portal Ciudadano, pues hace cinco meses la página está en desuso.

De igual forma Justicia Fiscal calificó como “una incoherencia” el hecho de que la población conozca los resultados de la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2013 sin antes haber conocido el informe final del presupuesto del 2012.
“Estos datos están pendientes de publicación oficial pese a que ya la Cámara de Cuentas los presentó al Congreso Nacional el pasado 25 de abril, en un texto evaluador en el que señala un gran número de irregularidades en el manejo del gasto, se gastó mucho más de lo permitido legalmente y se presupuestaron transacciones ya realizadas; aún hay montos de ese presupuesto de los que no se sabe su destino final”.

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